La actividad aurífera del valle medio del río Cauca ha sido trascendental para la cultura nacional. Alrededor de ésta la zona fue habitada por los Quimbayas hace más de diez siglos. Desde entonces la historia ha continuado marcada por la presencia del metal dorado. De la antigua región hoy hacen parte los departamentos de Caldas y Risaralda los cuales siguen siendo fuente de importantes yacimientos que son explotados con el sello de las multinacionales canadienses Medoro Resources, Seafield Resources y Batero Gold Corp.
En Risaralda la Seafield y la Batero Gold se han establecido inicialmente en el municipio de Quinchía, una población con fuerte vocación agrícola y minera ubicada en la zona montañosa al nororiente del departamento. Se le conoce como La Villa de Los Cerros debido a que se alzan en su paisaje más de doce imponentes cerros, destacándose los de Gobia y Batero. Quinchía también es recordado a nivel nacional porque en septiembre de 2003 la seguridad democrática irrumpió en la población realizando una captura masiva de 117 personas señalados de ser “auxiliadores de la guerrilla”, el hecho llegó a ser calificado por el diario El Tiempo en su editorial del cinco de agosto de 2005 como un “trágico Macondo” con todo un pueblo de gente falsamente acusada.
Así que el pasado de los quinchieños, como el de tantas otras poblaciones asentadas sobre terrenos auríferos no escapa a los problemas que históricamente trae la ambición del mercado trasnacional del oro. En el año 2007 la Sociedad Kedahda S.A. filial de la Anglo-gold Ashanti AGA, amparada en la legislación minera de la nación, ingresó al municipio con la firme intención de alzarse con los derechos de exploración de los terrenos que hasta entonces poseían los pequeños y medianos mineros. El inicuo deseo se echó a rodar en medio de fuertes conflictos sociales entre los intereses foráneos y el de los habitantes del municipio. Producto de la presión ejercida sobre los mineros artesanales, que para el 2007 se agremiaban en cerca de 22 Asociaciones, el número de estas se redujo en más del 50% para el año 2011. 
De manera que a la sazón de vías normativas apoyadas en la codicia y el abandono de las administraciones municipales de la época, terminó por orquestarse la entrega de cientos de hectáreas a la multinacional Kedahda S.A. para ser explotadas. En la actualidad las licencias de los terrenos pertenecen a las multinacionales canadienses. ¿Y cuál es la situación de la población? Junto a los pies de los cerros yace la pobreza y la miseria. Según estudio del PNUD de las Naciones Unidas para el Informe Regional de Desarrollo Humano “Un pacto por la región”, presentado en el 2004 para el eje cafetero, Quinchía ocupó, entre los municipios de la terna de departamentos que componen el mencionado eje, el penúltimo lugar en el ranking del Índice Regional de Desarrollo Humano IDH con 0,61 una diferencia de 0,17 puntos con Manizales que fue el más alto. El informe también destacó que el PIB per cápita por habitante en el municipio no supera los dos dólares diarios hallándose por debajo de la línea que el “Banco Mundial estableció para la estimación de la pobreza”. 
A medida que transcurren los años se configura una lúgubre paradoja entre, las necesidades de los habitantes de La Villa de los Cerros y la minería con sello extranjero. Según el DANE, a diciembre de 2008, el municipio fue el tercero de Risaralda con mayor número de personas que exhibían Necesidades Básicas Insatisfechas NBI, y en la zona rural –resto-, donde vive el 77% de la población, el 38,11 por ciento, cerca de 4 de cada 10 personas, presentaron NBI, es decir, padecían condiciones precarias relacionadas con saneamiento básico, vivienda, educación e ingresos. Entre tanto los impactos de la Seafield sobre la zona tienen como hecho reciente el convenio firmado con las Empresas Públicas Municipales para el suministro de dos mil metros cúbicos de agua potable destinados a fases de exploración en la zona rural de Miraflores donde se ubica el proyecto minero “The Quinchía Project”.
El convenio con vigencia hasta agosto de 2011, fue aprobado en medio de polémicas. La Alcaldesa Municipal Alicia Palacios Restrepo, afirma que en su calidad de Presidenta de la Junta Directiva de las Empresas Públicas nunca fue consultada para celebrar el acuerdo (Caracol radio. Marzo 30/11); por su parte las directivas mineras se apegan a las normas para legitimarlo. Ver convenio. Es de destacar que al pagar $1.400.000 por los 2000 metros cúbicos (2 millones de litros) la compañía estaría cancelando $326 menos por mt3 de lo que paga un usuario residencial cuya tarifa media básica es de $1026 mt3 (datos 2006), y dado el carácter del comprador, el precio y el uso del recurso, termina siendo el negocio una burla a los intereses municipales.
El contrato estipula que el agua debía ser recogida mediante camiones cisterna con el propósito de transportar, con destino a Miraflores, los 2000 mt3 mensuales de agua potable fijados para seis meses. Calculada la cantidad sobre el promedio nacional de 20mt3/mes/hogar, equivaldría al consumo mensual de cien hogares colombianos. El asunto contrasta con el hundimiento en el Congreso de la República del proyecto que buscaba consagrar el derecho fundamental al agua, con la permisividad de la normatividad para destinar agua potable a actividades de gran minería, y desentona con las campañas de las autoridades ambientales para “ahorrar agua” las cuales incluyen la aplicación de la doble tarifa para usuarios que consuman niveles de agua superiores a los promedios nacionales fijados por la ley.Según la alcaldesa el líquido ya no está siendo tomado del pueblo debido a que la CARDER aprobó a la multinacional la licencia sobre una quebrada que les permite suplir las necesidades iniciales en esta materia. No obstante el tema ha generado bastante controversia en la población y el departamento, por ende las directivas mineras han tratado de apagar los ánimos enfatizando en comunicaciones con la prensa local que el agua iba a ser utilizada en actividades de exploración (Diario del Otún. Abril 10/2011). Es preciso aclarar que la exploración constituye la punta de lanza de las compañías para valorizar las acciones en la bolsa a través de la especulación que es dónde en realidad se esconde la semilla de la nuez financiera.
Otras implicaciones de calibre exponencial que recaen sobre los quinchieños son resultado de que la minería a gran escala es llevada a cabo mediante la sustitución de renglones económicos como el agro, política que va en contravía de las recomendaciones de la FAO. Como explica Juan Pablo Fernández la minería “se ha desarrollado, además, a costa del desarrollo agrícola e industrial regional y nacional. Hoy nos ataca una enfermedad holandesa que sube los precios del suelo urbano y rural, dificulta el acceso a vivienda digna y entraba aún más el desarrollo agropecuario” (La Silla Vacía. Junio 02/11). Al respecto existe en Quinchía una discusión municipal fruto del revalúo de los predios de la zona que incrementan el impuesto predial. 
Por su parte la Batero Gold que opera a través de la Minera Quinchía S.A. tiene a disposición más de mil hectáreas que en su mayoría han estado tradicionalmente destinadas u orientadas a la agricultura, repartidas en pequeñas parcelas en manos de diversas familias dedicadas a producir café, caña panelera, fríjol, yuca, plátano y otros cultivos de pan coger que han ido desapareciendo sin que exista una política gubernamental que lo impida. Jesús Guevara, uno de los dirigentes agrarios de Quinchía, manifiesta: “es alarmante que un municipio de 14.200 hectáreas, entregue en concesión más del 10% de sus terrenos agrícolas para la minería transnacional”.
También germinó la desocupación masiva. Sólo en la actividad minera se estima que a 2007, de las mil doscientas personas que conformaban las 22 Asociaciones Mineras, dependían alrededor de cinco mil más (Tras el Oro de Quinchía. Arango J. Gonzalo, Julio/2007), pero las ocupaciones dependientes de la minería artesanal naufragaron con la venta de los títulos. A la fecha los trabajadores de planta de las multinacionales, pertenecientes al municipio, no alcanzan las quinientas personas. El desatino se tornó en el talón de Aquiles de algunas de las comunidades que han mantenido oposición al proyecto, pues no ha faltado quien defienda la compañía en vista de que esta ocupa algunos brazos de los muchos que deja sin oficio su incursión en el territorio. 
En suma el debate es profundo y canaliza entre sus vértebras las consecuencias de la política de la gran minería trasnacional sobre Quinchía y el aprovechamiento ajeno de los recursos nacionales.¿Pero cómo le va a las compañías de origen Canadiense? En el caso de la Seafield ésta anuncia recursos de 1.582.105 onzas de oro que, transadas con el actual precio del gramo en Colombia, podrían significar ingresos por $ 3’140’890’399.768 (más de tres billones) esto es: ¡10 veces el presupuesto de Risaralda para el 2011, 330 veces el presupuesto del municipio en el 2010 y más de 30000 veces el ingreso que por concepto de regalías tuvo la población para el mismo periodo! Toda una mina de enriquecimiento foráneo erigida y consolidada sobre la base de menoscabar los derechos sociales, ambientales, económicos y culturales de la región expoliada.
En su página web www.sffresources.com, la Seafield termina atribuyendo su éxito a la seguridad y la Inversión Extranjera Directa IED, que con el gobierno de Álvaro Uribe llegó a “su punto más alto”. La apetencia puede ser endosable al gobierno Santos en vista de que el Plan Nacional de Desarrollo PND, 2010-2014 hereda la línea del anterior, faculta aún más las gabelas a la gran minería y ahonda en la persecución a la pequeña minería. En consecuencia, tanto la Seafield como la Batero Gold www.baterogold.com, proyectan extender las actividades a otros territorios del área. Cabe concluir que la historia ha ilustrado cómo durante la época colonial buena parte de la riqueza de los Quimbayas, caracterizada por la perfección con que realizaban sus trabajos de orfebrería, terminó en manos de la Corona española. Actualmente los recursos auríferos de esta zona circundante al río Cauca están en manos de los canadienses.
Tan de ayer es el hoy de la minería en Colombia que recientemente el manager corporativo de Medoro, Juan Carlos Santos, primo del presidente Santos, en entrevista para el documental “Fiebre de oro” http://aje.me/m3gkTa realizado por el canal Al-Jazeera, manifiesta acerca de los pobladores de las zonas mineras “…podemos compensarlos con nuestra chequera, no quiero sonar prepotente ni arrogante, pero termina siendo principalmente un asunto de dinero”…”nuestra compañía puede decirles: hay 30 familias en este lugar, bueno ¿entonces cuánto quiere cada familia?”.